PUBLICIDAD CONFUSIONISTA O DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA

En relación con la publicidad confusionista, la ley 39/2002 ha tomado textualmente el precepto que se recogía en la Ley general de publicidad y ha añadido el matiz que lo diferenciaba de la Ley de competencia desleal, resultando ilícita la publicidad "que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o (aquí se añada el matiz) de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores".

Tal y como señala Jiménez de Parga "la confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia de la prestación que se ofrece en el mercado"

Para controlar la publicidad engañosa, los Estados miembros procuran que las personas u organizaciones que tienen un interes legítimo puedan:

• proceder judicialmente contra esta publicidad;
• llevar esta publicidad ante un órgano administrativo competente bien para pronunciarse sobre las reclamaciones o bien para emprender las acciones judiciales pertinentes.

En este marco, los Estados miembros confieren a los tribunales o a los órganos administrativos unas competencias que les faculten para:

• ordenar el cese de una publicidad engañosa o emprender las acciones pertinentes con vistas a ordenar el cese de dicha publicidad;
• prohibir una publicidad engañosa cuya publicación sea inminente o emprender las acciones pertinentes con vistas a ordenar su prohibición, incluso en ausencia de prueba de una pérdida o de un perjuicio real, o de una intención o negligencia por parte del anunciante.

Estas medidas pueden ser objeto de un procedimiento acelerado con efecto provisional o definitivo.

Los Estados miembros pueden autorizar a sus tribunales u órganos administrativos a exigir la publicación de:

• la decisión de cese de la publicidad engañosa;
• un comunicado rectificativo.

Cuando las competencias a que se refiere el punto 4 sean ejercidas únicamente por un órgano administrativo, deben preverse vías de recurso jurídico contra todo ejercicio impropio o injustificado de los poderes del órgano administrativo de que se trate.

La Directiva no excluye el control voluntario de la publicidad engañosa por organismos autónomos cuando se prevén tales recursos, además de los procedimientos  judiciales o administrativos.

Los Estados miembros atribuyen a los tribunales o a los órganos administrativos unas competencias que les facultan, durante un procedimiento administrativo o civil, a:

• exigir, en su caso, que el anunciante presente pruebas relativas a la exactitud material de los datos materialescontenidos en la publicidad;
• considerar inexactos los datos materiales si no se presentan las pruebas exigidas o si tales pruebas son consideradas insuficientes.